jueves, 27 de junio de 2013

No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin independencia judicial.


¿Ha vencido la justicia?

En su artículo 1, la Constitución Española de 1978 definió tres pilares sobre los que construir nuestro futuro país. Un trípode refrendado mayoritariamente por los españoles con su voto sobre el que apoyar la construcción de un estado diferente:

“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Aquel esperanzador texto, abría la puerta a un modelo de cooperación, de búsqueda del bienestar y la igualdad (social), en el ámbito de una sociedad capaz de decidir y responsabilizarse de su futuro (democrático) y amparado todo en el marco de unas leyes que nos obligarían a todos por igual y con una reconocida separación de poderes que dotaría de los medios necesarios para salvaguardar el perfecto funcionamiento de los engranajes de esta, entonces novedosa maquinaria, que se ponía en nuestras manos.

35 años después, una crisis en cuyas causas todos, incluso desde el prisma de las más alejadas diferencias ideológicas, estamos de acuerdo, aunque podamos discrepar luego en cuanto a sus culpables, ha carcomido sin piedad el sentido social de nuestra carta magna, rindiendo el bienestar de la población y supeditando nuestra norma fundamental, al mandato imperativo de la Comisión Europea, El Banco Central Europeo y El Fondo Monetario Internacional que nos obligan a un incomprensible suicidio social ante el que sólo nos quedaría como respuesta más democracia y el ejercicio del derecho.

Pero cuando los ciudadanos pedimos a nuestros representantes que detengan con urgencia esta sangría que ya nadie soporta, y a pesar de que todas las encuestas indican el desmoronamiento del apoyo a nuestro parlamento actual, nuestros diputados se amparan en una mayoría absoluta que en unas elecciones convocadas hoy ya no tendrían, lo que hace muy dudoso y deslegitima el poder democrático de nuestro gobierno actual e incluso de la composición al completo de nuestra cámara baja.

Dilapidado el sentido social, cuestionado el valor democrático de quienes nos representan, y aderezado todo con el amargo sabor de la corrupción que parece haberse generalizado en nuestras instituciones, el único baluarte que le queda como refugio al ciudadano es el derecho.

Sin embargo, quienes hoy nos dirigen, sean quienes sean, no parecen tener la más mínima intención de dejarse amedrentar por ninguna ley que les incomode y no tienen recato en utilizar todos los medios a su alcance para entorpecer la encomiable labor de aquellos jueces que, en un ejercicio de coraje en defensa de su independencia, plantan cara a la corrupción en lo que parece ser hoy la “intrepidez” de llevar a efecto la máxima constitucional de que la justicia es igual para todos.

Es por eso que nosotros, los representados, aquellos a los que nuestra constitución vigente atribuye el origen de la soberanía, manifestamos nuestra admiración y apoyo absoluto a aquellos jueces que ejercen su profesión con valentía, con rigor, con transparencia, con independencia y con un gran sentido de la responsabilidad, poniendo en juego incluso sus carreras en defensa de la única arma que podemos ya esgrimir: nuestro derecho a pedir justicia. Ellos son el único pilar que sustenta hoy ya nuestro sueño democrático. 

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